Buscan penalizar la libertad de expresión en Sonora:
Reforman el código Penal de Sonora para castigar con cárcel a quien informe sobre una muerte en el estado.-
RENÉ VEGA: Periodismo Disruptivo. Hermosillo, Sonora. A 14 de junio de 2022.- Cuatro organizaciones nacionales se pronunciaron su rechazo a la modificación realizada al Código Penal de Sonora, donde se reformó el artículo 167 Quater, para prohibir la publicación de imágenes o videos de cadáveres o parte de ellos, bajo pena de cárcel, ya que consideran es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa.
Las organizaciones “Propuesta Cívica”, “Reporteros Sin Fronteras”, “Comité para la Protección de Periodistas” y “Artículo 19”, emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que el texto, tal como se publicó, podría facultar al estado a censurar arbitrariamente la cobertura periodística por la vía penal.
Además, no cumple con los objetivos de reducir la violencia o proteger a las víctimas, y es claro que solo pretende limitar el flujo de información y el debate público de temas como la inseguridad con sanciones penales.
Esta reforma al Código Penal fue propuesta por la diputada María Alicia Gaytán, para supuestamente armonizar la ley de Sonora con la “Ley Ingrid”, emitida a nivel nacional. El 31 de marzo fue aprobada por unanimidad en el Congreso local y el seis de junio fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el Decreto 40 emitido por el Gobernador Alfonso Durazo, entrando así en vigor.
El decreto dice que se impondrá una pena de cuatro a 10 años de prisión a quien: “audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envié, filme, fotografié, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o video grave imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos, que se encuentren relacionados con una investigación penal, las circunstancias de la muerte o lesiones que presenta, ya sea en el lugar de los hechos, del hallazgo o en cualquier domicilio público y privado”.
Condena acciones
Las organizaciones, aseguran que el decretó condena muchas acciones y son conceptos tan abiertos que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la Ley, en detrimento del ejercicio periodístico, libertad de expresión y derecho a informar.
Además, al decir que no se puede difundir las circunstancias de la muerte, ni en el lugar de los hechos, del hallazgo, o en cualquier otro domicilio, se criminaliza las actividades enmarcadas dentro del derecho a informar y el acceso a la información, ya que nunca se hace referencia específica sobre cómo no causar un daño a las víctimas solo criminaliza las acciones de informar.
Y todavía, pero, ya esta legislación es tan poco clara, que también pone en riesgo a cualquier persona que utilice redes sociales para compartir noticias o imágenes que reciban, ya ni siquiera se dice quién es la persona sujeto activo del delito.
Por eso, las cuatro organizaciones exigen al Congreso de Sonora a derogar esta reforma al Código Penal, al gobernador Alfonso Durazo que no promueva leyes o decretos que vayan contra los derechos humanos y la libertad de expresión, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) impulse una acción de inconstitucionalidad contra esta ley.
