UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial previa: SCJN avala medida
Ciudad de México, 6 de abril de 2026. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por mayoría de seis votos, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, cuando existan indicios de operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La resolución valida una reforma aprobada en 2022 y representa un cambio significativo en el alcance de las facultades de las autoridades financieras en México.
Medida preventiva e inmediata
De acuerdo con el fallo, el bloqueo de cuentas se considera una acción de carácter preventivo, lo que implica que puede aplicarse de forma inmediata ante sospechas fundadas, sin intervención previa de un juez.
Esto significa que los recursos pueden ser congelados inicialmente, mientras que el afectado deberá recurrir posteriormente a mecanismos legales —como el juicio de amparo— para impugnar la medida.
Control judicial posterior
La Corte determinó que el control judicial no desaparece, sino que se ejerce de manera posterior. Es decir, la persona afectada mantiene el derecho de defensa, aunque el congelamiento se ejecute primero.
Especialistas han señalado que este esquema prioriza la rapidez en la acción del Estado frente a posibles delitos financieros, pero también genera debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías individuales.
Alcance nacional
Uno de los puntos clave de la resolución es que esta facultad ya no se limita únicamente a solicitudes de carácter internacional, sino que ahora también podrá aplicarse en casos de índole nacional.
El proyecto fue impulsado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien argumentó que la medida fortalece la capacidad del Estado para combatir operaciones ilícitas de alto impacto.
Debate abierto
La decisión ha generado opiniones divididas. Por un lado, autoridades destacan que se trata de una herramienta eficaz para frenar recursos de origen ilícito de manera oportuna. Por otro, expertos en derecho advierten posibles riesgos de afectaciones indebidas a ciudadanos sin una revisión judicial previa.
El tema se perfila como uno de los más relevantes en materia de justicia financiera y derechos fundamentales en el país.
