EU acusa a altos funcionarios de Sinaloa; podrían enfrentar cadena perpetua
Ciudad de México, 29 de abril de 2026. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal contra diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento oficial, los implicados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua, debido a cargos relacionados con tráfico de drogas, homicidio y uso de armas de fuego, delitos considerados de alta gravedad en la legislación estadounidense.
Entre los señalados de mayor perfil destacan:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
Enrique Inzunza Cazárez, senador de Morena
Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán
Asimismo, la acusación incluye a:
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
En el ámbito policial, también fueron señalados:
Marco Antonio Almanzas Áviles, exjefe de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe policial
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector policial
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante municipal
Según la investigación, algunos de los implicados habrían colaborado activamente con el crimen organizado. En particular, se señala que Dámaso Castro Zaavedra habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de brindar protección y filtrar información sobre operativos.
Por su parte, Juan Valenzuela Millán es acusado de participar en secuestros relacionados con una fuente de la DEA, hechos que derivaron en homicidios.
El caso se enmarca en la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, conflicto que se intensificó en 2024. Cabe recordar que Gerardo Mérida Sánchez renunció a la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de ese año, en medio de dicha confrontación.
El Departamento de Justicia indicó que los acusados podrían ser juzgados en territorio estadounidense, donde las penas por estos delitos incluyen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
