Desde El Fuerte Sinaloa, junio 13, 2026

Dependencias de Gobierno Federal y líderes de comunidades de Ohuira establecieron acuerdos con respecto al caso Bahía de Ohuira, Topolobampo

Dependencias de Gobierno Federal y líderes de comunidades de Ohuira establecieron acuerdos con respecto al caso Bahía de Ohuira, Topolobampo
Los Mochis, Sinaloa, a 12 de junio de 2026.- El día de hoy representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno, se reunieron con el fin de llegar a acuerdos sobre el conflicto surgido por la instalación de las plantas GPO y Mexinol en terrenos de la Bahía de Ohuira.
Lo anterior como punto principal a las inquietudes relacionadas con la situación ambiental, social y productiva de todos aquellos que habitan en las cercanías de estas grandes plantas.
Durante la reunión participaron dependencias federales como Semarnat, Profepa, INPI, Conagua, Conapesca, Sader, Semar, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación, junto con autoridades estatales y municipales.
Hubo acuerdos, entre los principales, mantener mesas de diálogo, actualizar una inspección por parte de Profepa sobre las obras y actividades en la zona, abrir canales de comunicación con la empresa responsable del proyecto señalado por las comunidades y garantizar el respeto al derecho de libre manifestación.
Sin duda la figura relevante de la reunión lo fue la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quién afirmó que ninguna autorización ambiental representa un permiso absoluto y que la autoridad está obligada a vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas y actuar ante cualquier irregularidad.
Al igual, representantes de Conagua, el INPI y la Secretaría de Economía coincidieron en la necesidad de construir soluciones mediante el diálogo, la participación comunitaria y un modelo de desarrollo regional que sea compatible con la protección de los ecosistemas y el bienestar de la población.
De parte del Gobierno de México se reiteró el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con las comunidades manifestantes, dando la seguridad que las decisiones futuras se tomarán con base en criterios técnicos, ambientales y jurídicos.