Milton Ayala, abogado fortense:
Gana amparo a favor de policías federales en contra de decreto de incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.-
RENÉ VEGA: Periodismo Disruptivo. Los Mochis, Sinaloa. A 25 de octubre de 2022.- Un juez federal frenó por tiempo indefinido la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Juan Enrique Parada Seer, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por el licenciado Milton Ayala en representación de un grupo de elementos de la policía federal en contra de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades.
Y es que la parte quejosa solicito la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se le apliquen dicha porciones normativas reclamadas, no sean cesados como integrantes de la Guardia Nacional, por las razones expuestas en dicho Decreto; para que las autoridades responsables no obstruyan, modifiquen o suspendan parcial o totalmente, transitoria o definitiva, las condiciones en que actualmente desempeñan en sus funciones; que no se les instruyan actas o procedimientos tendentes a sancionarlos o destituirlos del cargo; que no se les retenga, suspenda o se disminuyan sus emolumentos, o se les pague en una unidad administrativa u órgano desconcentrado diverso al que se desempeñan, todo ello en tanto no se resuelva sobre el fondo del asunto.
De acuerdo con el juzgador, la suspensión tiene el efecto de que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación a la institución castrense. La Guardia Nacional, determinó el impartidor de justicia, debe seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La parte quejosa alega que la norma reclamada potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, pues afirma que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión; ello, en virtud de que la seguridad pública no es de carácter militar sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución señala la resolución.
