Desde El Fuerte Sinaloa, septiembre 9, 2026

Mujer trans prisionera embarazó a dos mujeres también prisioneras

Dos reclusas de una prisión femenina de Nueva Jersey quedaron embarazadas en 2022. El Departamento de Correcciones confirmó que ambos embarazos surgieron de relaciones sexuales consensuadas con otra persona encarcelada: Demi Minor, una mujer trans que entonces tenía 27 años.
Minor estaba recluida en el Centro Correccional Edna Mahan para Mujeres, en Clinton, donde cumplía una condena de 30 años por homicidio involuntario cometido cuando tenía 16 años.
El caso llamó especialmente la atención porque Nueva Jersey había adoptado una política que permitía presumir que las personas trans debían ser alojadas de acuerdo con su identidad de género. Para ingresar en una prisión femenina no era obligatorio haberse sometido a una cirugía de reasignación sexual.
En abril de 2022, las autoridades penitenciarias confirmaron los dos embarazos y señalaron que la investigación indicaba que las relaciones habían sido consensuadas. Aun así, las relaciones sexuales entre personas encarceladas estaban prohibidas por las normas de la institución.
Meses después, Minor fue trasladada fuera de Edna Mahan al Garden State Youth Correctional Facility, un centro destinado a adultos jóvenes de entre 18 y 30 años cuya población general era masculina. Allí fue ubicada en una unidad de alojamiento para personas consideradas vulnerables.
El episodio provocó una fuerte discusión sobre cómo debían equilibrarse la identidad de género de una persona encarcelada, su propia seguridad y la del resto de la población penitenciaria.
Ese mismo año, el Departamento de Correcciones de Nueva Jersey modificó su política. Desde octubre de 2022, la identidad de género continuó siendo un factor importante para decidir el alojamiento, pero las autoridades pasaron a considerar también aspectos de seguridad, tratamiento y gestión penitenciaria antes de determinar en qué instalación debía permanecer cada persona.
Lo que comenzó con dos embarazos dentro de una prisión terminó convirtiéndose en uno de los casos que obligaron al sistema penitenciario de Nueva Jersey a revisar cómo tomaba algunas de sus decisiones de alojamiento.