Revés internacional a la reforma judicial: Unión Internacional de Magistrados expulsa a México por avalar voto popular
Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.— La reforma judicial mexicana sufrió su primer revés en un tribunal internacional de jueces. La Unión Internacional de Magistrados (UIM), con sede en Roma y que agrupa a 92 asociaciones de juzgadores de todo el mundo, expulsó a México de sus filas por haber avalado la elección de jueces por voto popular.
La decisión se tomó este sábado 17 de octubre en Lisboa, durante la 68 reunión anual del Consejo Central de la UIM. En votación secreta, 53 delegaciones votaron a favor de la expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), 13 en contra y 4 se abstuvieron. La moción alcanzó 80.3% de los votos, superando los dos tercios requeridos por el estatuto.
El conflicto se originó el 28 de junio de 2024, cuando la CONATRIB, que agrupa a los presidentes de los tribunales locales de las 32 entidades del país, emitió un pronunciamiento oficial en respaldo a la iniciativa presentada entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a ministros, magistrados y jueces mediante sufragio.
Para la UIM, ese respaldo es incompatible con sus principios fundacionales.
“Al apoyar la designación de jueces mediante voto popular, la asociación avaló un mecanismo contrario a la independencia, la inamovilidad y la apoliticidad que exige el Estatuto para las asociaciones miembro”, señalaron los relatores designados para el caso, provenientes de Argentina y España.
Tras el pronunciamiento de 2024, la UIM abrió un procedimiento de revisión y solicitó a la CONATRIB un informe. La asociación mexicana respondió el 30 de junio de 2025 argumentando que la reforma “fue producto del ejercicio de la soberanía popular y tiene la obligación constitucional de acatarla”.
El argumento no convenció al organismo internacional, que concluyó que la CONATRIB dejó de cumplir las condiciones que permitieron su admisión.
La expulsión ocurre a poco más de un año de la aprobación de la reforma constitucional en septiembre de 2024 y a cuatro meses de la primera elección judicial realizada en México en junio de 2025.
La CONATRIB no ha emitido hasta el momento una postura oficial sobre la expulsión.
